Ecuador debe mejorar las condiciones en sus cárceles, señalan expertos de la ONU

15 de julio, 2016 — Un Comité de expertos de Naciones Unidas expresó este viernes preocupación por las condiciones de hacinamiento que persisten en algunos centros de detención en Ecuador, a pesar de los esfuerzos hechos por el Estado para mejorar la infraestructura penitenciaria.

En sus conclusiones finales, el Comité que examina la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos notó con inquietud que entre 2014 y 2016 se registraron 16 muertes violentas en lugares de privación de la libertad, además de alegaciones de que en varias ocasiones las autoridades no habrían tomado medidas para prevenir la violencia.

No obstante, reconoció que los 16 casos fueron judicializados y 13 de ellos ya cuentan con sentencia.

Víctor Manuel Rodríguez Rescia, miembro del Comité, también se refirió a la importancia de que Ecuador asegure la aplicación efectiva de las normas relativas a las medidas alternativas de privación de libertad.

“La aplicación de la prisión preventiva, casi como regla, implica que muchas personas están detenidas mientras esperan el juicio y el porcentaje es muy alto, debería ser un porcentaje inverso. Es una preocupación que es muy similar a la de cualquier otro país de Latinoamérica, no hay una gran diferencia, y también todo lo que tiene que ver con el tema de los servicios, el problema de la salud que es deficiente. Nuestra recomendación es, por supuesto, que tomen medidas adecuadas para disminuir el hacinamiento en primer lugar y mejorar las condiciones penitenciarias”.

Otro de los puntos abordados por el Comité en su informe hace referencia a la preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Por otra parte, cuestiona las disposiciones legales y prácticas que podrían estar desalentando la expresión de posiciones contrarias o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público.

En este sentido, advierte que estas podrían afectar negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

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